Amparo desde la ADDUC contra la suba de gas en Río Gallegos

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El presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores quien promovió el amparo, denuncia las tarifas dolarizadas y la estafa de las empresas que suministran la luz y el gas; igualmente, propone un análisis de la verdadera estructura de costos y energía.

Osvaldo Bassano, presidente de la ADDUC

Osvaldo Bassano es el presidente de ADDUC (Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores) quien promovió el amparo, por medio de la Dra. Valeria González contra la suba de gas en Río Gallegos y cuya resolución está a cargo del juzgado de La Plata, según lo decidió el Juzgado Federal de Río Gallegos, en donde se presentó originalmente el recurso.

“Me avergüenza la situación del Poder Judicial porque la mayoría de los jueces no ha tenido la valentía de resolver los amparos a favor de los consumidores, sino que han puesto por delante el negocio de estas empresas que son verdaderamente usurarias”, advirtió.

Remarcó que hubo “influencia directa o indirecta” del Gobierno nacional para presionar a los jueces “incluyendo en forma directa, por teléfono para que las resoluciones sean en su mayoría en favor de empresas de energía y en muchos casos, de forma bastante dudosa”.

Esta situación –para Bassano- se recrudeció durante estos últimos cuatro años.

“El derecho del consumidor tiene un arraigambre constitucional de derecho humano”, pero que se quiere trasformar en un derecho de “dos partes iguales y hace que el perjudicado sea el consumidor y todo el pueblo”.

En las audiencias públicas realizadas, las empresas distribuidoras de gas adujeron una importante suba de los costos, razón por la que no podían mantener la misma tarifa luego de la quita del subsidio nacional, que se le suma la quita del subsidio para la Patagonia que será paulatinamente.

En enero habrá un nuevo aumento de los servicios, luego de que finalice el congelamiento de tarifas que dispuso el Gobierno nacional.

Bassano explicó primero que el sistema de energía y gas “es muy caro para la Argentina, debido a las leyes sancionadas en 1992, la 24.076 y 24.065, que  transformó al sistema muy caro para el consumidor”, ya que prohíbe que el servicio público llegue “a todos los usuarios, sea común o empresas PyMEs o no PyMEs”.

En segundo término, negó que las empresas  tengan altos costos. “Estamos pagando a valores cercanos a 7 dólares el millón de BTU, sin que hayan aclarado en ninguna audiencia pública, cuál es la verdadera estructura de costos”, marcó, por lo que entendió que “no puede exceder los 2 dólares el millón de BTU y todo el resto, es una estafa al consumidor”.

Detalló que el país genera energía eléctrica a 71 dólares el megavatio “cuando en sí la energía eléctrica no puede exceder de 34 dólares el megavatio”. “Esto es muy importante para los usuarios de todo el país, porque la generación representa el 43% de toda la factura de luz y de gas”, indicó.

Un tercer punto que subrayó fueron las declaraciones del presidente electo,  Alberto Fernández, cuando sostuvo que se deben “desdolarizar las tarifas”. “Cuando hablé de las leyes de 1992 es porque esas leyes dolarizan el sistema de servicio público y nuestro país no está capacitado para dolarizar tarifas cuando los usuarios y consumidores cobramos en pesos y los costos de las empresas son en pesos. Porque tenemos gas y petróleo, por eso, cuando se haga una verdadera estructura de costos y energía se va a mostrar que estas empresas desde hace décadas, vienen robándole al consumidor y al Estado”, abundó.

Por eso, lo ideal -repitió- sería la desdolarización de la tarifa y suspensión de incrementos.

En cuanto a la quita del subsidio a la Patagonia, expresó que “el tema de los subsidios es otra mentira”. Es que para generar energía existen costos que “no son subsidios, sino inversión del Estado”, por lo que no pueden “componer la factura”.

“El Estado argentino y los consumidores, no tienen por qué garantizarles la ganancias a las empresas. No podemos ser socios de las empresas en las pérdidas, tenemos que ser socios de la producción argentina y no empresas que al simple resfrío, aumentan tarifas”, reafirmó.

“La privatización de gas del Estado fue una gran mentira. La otra gran mentira fue la destrucción para privatizarlas a valor papelito. Lo que debe hacer en el futuro, es estudiar la estructura. No descarto la estatización. La Argentina no es un país que pueda ser manejado ni manejable por empresas privadas de servicios públicos. Estas empresas no ejercen la obligación constitucional de prestar el servicio, directamente, como hacen ahora, cortan el servicio de gas y energía y dejan en los usuarios, mucho más en la Patagonia que es tan necesaria… No hay otra razón por la que se le deban coartar los servicios públicos al usuario. Tampoco descarto una investigación fiscal de la gran estafa que significó el grupo concentrado de servicios públicos.

“Hay muchas denuncias penales abiertas contra empresas nacionales y extranjeras que se cartelizaron para generar esta gran estafa. Deben responder. No puede ser que una empresa pueda matar a un jubilado y sacarle la energía eléctrica. No puede ser que el 43% de una factura, por un tipo que se viste de Gucci, le pueda sacar a un electrodependiente, pueda matar de frío a media Patagonia. Si un Estado permite eso, está violando la Constitución y este gobierno lo ha permitido durante estos cuatro años. Por eso creo que la reversión que va a haber ahora, lenta y parsimoniosa, debe incluir la investigación de estas empresas y el cambio de este sistema, el cual es muy caro para nosotros. Nosotros estamos manteniendo vagos, empresarios vagos. Estamos manteniendo los Calcaterra, los Lewis, los Macri. No podemos mantener a esa gente, que vayan a trabajar. Nosotros vamos a mantener la gente que corresponde y nos dé energía como corresponde. Aparte no hay que olvidarse que esto se hizo para exportar gas y eso perjudica a cualquier jubilado”, finalizó.

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